Un respiro pa los investigados por el tema Hidroituango

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El insistente llamado del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que los contratistas paguen por el daño fiscal en el tema de Hidroituango, pues deberá esperar otro ratico, hasta que la Procuraduría defina una recusación que frenó los términos en el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría en contra de 26 personas naturales y jurídicas, por presunto detrimento patrimonial de 4,3 billones de pesos en el caso en mención.

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La recusación fue presentada por María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación departamental, quien salió investigada por la Contraloría, acción que terminó beneficiado los tiempos para los demás investigados en este hecho, como lo son el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo; el exalcalde, Alonso Salazar y el exgobernador Luis Alfredo Ramos.

Sergio Fajardo, Daniel Quintero y Luis Alfredo Ramos.

No se definió una fecha para seguir el proceso de responsabilidad fiscal, pero también deberá resolverse la petición hecha por Sergio Fajardo, al solicitar un contralor ad hoc para que sea él quien resuelva el lío que tienen encima con el tema Hidroituango.

Proceso

Recordemos que la Contraloría General de la República adelanta ese proceso de responsabilidad fiscal por $ 4,3 billones de pesos, señalando que los 26 personas jurídicas y naturales tendrían culpa en el daño patrimonial ocasionado tras la emergencia vivida en el proyecto hidroeléctrico Ituango, ocurrido en abril de 2018.

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Por esta investigación se ha dado una pelea política por quién debería ser el responsable de pagar por estos dineros, pues el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, siempre ha indicado que los responsables, esas 26 personas jurídicas y naturales, son los que deben pagar los dineros, pero también se pronunció el propio presidente de la República, Iván Duque, quien la semana pasada enfatizó que ese pago debe ser cubierto por las aseguradoras, que por cierto avanzan en el cumplimiento de las pólizas.

El frenar los términos también favorece a que los contratistas avancen con la obra, pues de concretarse un fallo en su contra deberían salir del proyecto, lo que de seguro retrasaría la entrega del mismo, que se espera entre a generar energía a mediados del próximo año.

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Mauricio Palacio

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