Según congresistas, la política de sustitución de cultivos está en crisis

De las 99.000 hectáreas que hicieron parte del proceso de erradicación concertada, solo el 2,1 % ha tenido acceso a un proyecto productivo. Así lo dio a conocer la representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus, quien opinó que la política de sustitución de cultivos ilícitos en el país está en crisis y demanda, cuanto antes, un nuevo programa que atienda realmente a estas familias.

Agregó la congresista que es necesario que el Gobierno entienda que es fundamental diferenciar en esta estrategia entre cultivadores, que necesitan desarrollo rural; narcotraficantes y comercializadores, contra quienes hay que fortalecer toda la estructura de lucha contra el crimen organizado y judicialización, y frente a los consumidores, para quienes hay que establecer una política de salud pública, que es la única alternativa para poder prevenir.

Estas apreciaciones fueron dadas a conocer en desarrollo de la entrega del quinto informe de seguimiento al cumplimiento de la implementación de los acuerdos de paz, por parte de un sector de congresistas de la oposición e independientes.

En este estudio los congresistas hicieron énfasis en el punto cuarto de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las Farc, firmado en la Habana, Cuba, que se refiere a los cultivos ilícitos en el país.

Según informó la agencia Colprensa, el documento fue preparado por los congresistas Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Wilmer Leal y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; Ángela María Robledo, de la Colombia Humana; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; John Jairo Cárdenas, John Jairo Hoyos y Roy Barreras, del Partido de la U; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.

En primer lugar, en este trabajo se recopilan las experiencias nacionales durante 38 años, las que demuestran que el principal obstáculo en la solución del problema de las drogas en Colombia “ha sido la falta de articulación entre las políticas de seguridad (que han privilegiado la erradicación forzada) con las de desarrollo alternativo (que han estado históricamente desfinanciadas), así como la ausencia de políticas de Estado que puedan trascender la voluntad de cada Gobierno”.

Análisis y resultados

El documento anotó que para dar solución al problema de las drogas ilícitas, se debe retomar la visión del Acuerdo de Paz, priorizando la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y dejando como última opción la aspersión aérea con glifosato; elaborar e implementar una verdadera estrategia de seguridad territorial, y hacer una evaluación participativa del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) con las comunidades y las autoridades locales.

Resaltó que en 3 años ese programa de sustitución ha vinculado 99.097 familias con acuerdos individuales, se han erradicado 41.513 hectáreas y el cumplimiento estas ha sido del 96 % y solo ha habido un 0,2 % de resiembra en áreas erradicadas voluntariamente.

“Al analizar los 3 años de implementación del Punto 4 se encontraron al menos 7 elementos problemáticos que han impedido que este avance de manera exitosa y que coinciden con algunos de los que también han sido identificados por la Fundación Ideas para la Paz: Fallas de origen: dar subsidios individuales, generó un incentivo perverso y se vio reflejado en el aumento desmedido de cultivos en regiones como Simití (1469 %) y San Pablo (998%) en Bolívar, o Valdivia en Antioquia (692 %)”.

Indicaron que ese plan de sustitución está desfinanciado, el costo de este programa es de 4.8 billones y su asignación de recursos ha ido disminuyendo, pasando de 510.000 millones de pesos en 2017 a 191.000 millones de pesos en 2020.