La suerte de Uribe fue aplazada una semana más; estos fueron los argumentos expuestos en la audiencia

La audiencia para decidir si se levanta o se mantiene la medida de aseguramiento detención domiciliaria impuesta por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe fue suspendida y se reanudará el próximo martes, 22 de septiembre, para permitir que la jueza del caso estudie los argumentos de las partes.

La decisión la anunció la jueza 30 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, Clara Salcedo Duarte, después de escuchar este miércoles los argumentos de las partes en una sesión de más de 3 horas que se hizo de manera virtual por las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.

“Culminadas las intervenciones de las partes y atendida de valorar esos argumentos y postulaciones de manera detenida y ponderada dispondrá esta funcionaria judicial la suspensión de esta audiencia”.

Clara Salcedo Duarte, jueza 30 Penal Municipal de Bogotá.

Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, está en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por decisión de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Este proceso comenzó en 2012 cuando el también exsenador demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

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Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y abrió una investigación por presunta manipulación de testigos al expresidente.

Dos semanas después de entrar en detención domiciliaria Uribe renunció a su escaño como senador, con lo cual perdió su fuero y el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General, lo que dio pie a sus abogados para pedir que se levante la medidade aseguramiento en su contra.

En la audiencia de ayer la jueza escuchó a la defensa del senador Cepeda, que se declaró víctima en el proceso; al delegado de la Fiscalía, Gabriel Jaimes Durán; al abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, y a un representante de la Procuraduría General (Ministerio Público).

Una decisión crucial

En la audiencia, programada para las 9:00 de la mañana del martes, la jueza Salcedo deberá decir si se considera competente para decidir sobre la libertad de Uribe y bajo cuáles parámetros se manejará el expediente, si se surte por ley 600 del 2000 o si se realiza por el actual procedimiento penal que es la ley 906 del 2004.

La determinación del juzgado obedece a que el abogado Reinaldo Villalba, quien defiende los intereses del senador Iván Cepeda, que está reconocido como víctima en el proceso, anunció que el expediente se debe adelantar bajo la ley 600 porque en su análisis no halló fundamentos para que se cambie la normativa.

“La renuncia a la curul trae como consecuencia, únicamente, el cambio de instructor, no el cambio del sistema penal a otro. Lo que está en cuestión es el principio del juez natural, no de la normativa por la cual será acusado. Las conductas punibles que se investigan al exsenador se realizaron de manera continuada, por lo que se iniciaron por ley 600 y se debe continuar por esa misma”, dijo el penalista.

Para Villalba el cambio de normativa es un desgaste para el componente de justicia, por lo que le solicitó a la juez poner a consideración su pedido. El exfiscal Eduardo Montealegre, quien hizo presencia en la diligencia virtual para declararse como víctima en el proceso, también le pidió a la juez tener en cuenta los argumentos del defensor de Cepeda.

El exvicefiscal Jorge Perdomo, que también hizo presencia en la diligencia, se adhirió a los argumentos de los penalistas al considerar que un cambio abrupto de normativa en el proceso de Uribe “pone en peligro el mantenimiento de la prueba, perjudica a las víctimas y perjudica al componente de justicia”.

Por su parte, el fiscal del caso Gabriel Jaimes aseguró no estar de acuerdo con dichas pretensiones dado que los hechos por los que acusan a Uribe se cometieron durante 2018, y a su juicio, “en la justicia ordinaria el factor temporal es la que precisa el camino a seguir. Los hechos se suscriben al año 2018, siguiendo las voces de la Constitución Política, los hechos determinan ese procedimiento y el aplicable es el sistema penal acusatorio”.

Jaimes añadió que es importante “señalar y recalcar que es el tiempo y la oportunidad de la ocurrencia de los hechos, lo que determina esta circunstancia. Por garantismo y la verdad que reclaman las víctimas, el sistema penal acusatorio resulta ser el procedimiento más idóneo en este caso”.

La delegada del Ministerio Público junto con el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, acogieron los argumentos de la Fiscalía.

Con información de EFE y Colprensa.