Muchos de los heridos en medio de los disturbios sufrieron lesiones con armas de fuego de dotación de la Policia, según denuncias de defensores de Derechos Humanos./FOTO: COLPRENSA.
La personería de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación investigan la desaparición de, por lo menos, 4 personas que estuvieron participando en las manifestaciones que se registraron en la capital del país entre el 9 y el 14 de septiembre pasados tras la muerte por policías del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, informó la agencia Colprensa.
Antecedente: Javier Ordóñez habría muerto por un golpe dentro del CAI y no por las descargas eléctricas.
En el reporte de la agencia del Ministerio Público se tenían a 9 personas que se daban como desaparecidas, pero con el cruce de la información con la Fiscalía se concluyó que aún hay 4 de ellas de las que no se tiene información.
De acuerdo con la personera de Bogotá, Rosalba Cabrales, entre el 9 y 14 de septiembre, en la Personería pusieron denuncias de, por lo menos, 43 personas que no aparecían, pero con el paso horas la mayoría fue encontrada.
Según Cabrales, “todavía hay 4 personas de las que no se determina cuál es su paradero”, y ratificó que la Fiscalía General activó un mecanismo de búsqueda de los mismos. De acuerdo con las denuncias, algunas de esas personas habrían sido vistas por última vez en algún CAI, como en el de San Diego, en el centro de Bogotá.
La personera precisó que se le considera desaparecidas porque son “personas que en el marco de las movilizaciones no regresaron a su casa”.
Anotó, además, que la mayoría de personas que en su momento se consideraron desaparecidas, fueron encontradas en CAIs, estaciones de Policía o judicializadas en el marco de la protesta social.
Por su parte el Procurador Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, Hermán Rincón Cuéllar, le llamó la atención al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debido a que la Policía Nacional no ha entregado información suficiente para avanzar con las investigaciones a miembros de la institución, por los desmanes ocurridos el 9 y 10 de septiembre pasados en el país.
El representante del Ministerio Público, en una carta de 3 páginas, le solicitó a Holmes Trujillo su intervención para que el Director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, responda concretamente a las solicitudes de información y remisión de documentación realizadas el 11 de septiembre, que consideró indispensables para identificar a los miembros que, presuntamente, se excedieron en el uso de la fuerza.
Rincón Cuéllar aseguró que se vio obligado a recurrir al jefe de la cartera de Defensa, porque en una primera respuesta a su solicitud, el uniformado que envió la información se “limitó a darle tratamiento estricto al derecho de petición” que vincula entregar información sobre la precisión de fechas y horas, y anticipar la justificación a una eventual pérdida de las grabaciones de las cámaras de vigilancia.
Agregó el funcionario que en una segunda entrega, que se realizó el 17 de septiembre, por pedido del procurador delegado, la institución dejó en su despacho información y documentación que relaciona 11 investigaciones en las que no hay miembros de la Policía identificados por haber hecho uso de armas de fuego durante las protestas.
También dijo este funcionario de la Procuraduría que se remitió un cuadro con los vínculos a unos videos extraídos de fuentes abiertas, pero no las copias de los documentos relacionados.
Rincón Cuellar, en su misiva, dejó de presente que en la información que solicitó desde su despacho se encuentra una relación de las novedades de munición y armas de fuego y aquellas no letales utilizadas por los miembros de la Policía durante dichas protestas.
El procurador también solicitó información sobre cuáles hechos ha documentado la institución policial a través de diferentes medios en los que estén comprometidos miembros de la misma por la utilización de armas de fuego, y las actuaciones que se están adelantando.
En su solicitud Rincón le pidió, de igual forma, a la Policía informarle al Ministerio Público si la entidad cuenta con registro balístico de las armas de propiedad de la institución y en caso de poderse informar, dar a conocer la dependencia que tiene a su cargo el mismo y la dirección de ubicación, la cual tampoco le ha llegado a su despacho.
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