David Murcia Guzmán cumple una condena por varios delitos relacionados con lavado de activos en una cárcel de máxima seguridad. /FOTO: COLPRENSA.
David Murcia Guzmán, el cerebro detrás de la pirámide DMG, que dejó a miles de personas en la quiebra en 2008, le mandó una carta al presidente Gustavo Petro pidiéndole ser el primer gestor de paz no perteneciente a un grupo al margen de la ley, en el marco del proyecto de Paz Total.
Desde su reclusión en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa en Valledupar, Murcia Guzmán le escribió al presidente expresándole sus deseos de ayudar en la reparación de las víctimas de la empresa que él gerenciaba y que resultó ser una captadora de dinero ilegal. Afirmó que, pese a que la liquidación de DMG había iniciado hace 15 años, aún no se ha logrado indemnizar a todos los afectos.
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Su abogado, Santiago Morales, publicó la carta en Twitter.
“Desde el año 2008, tan solo han sido entregados 91.000 millones de pesos a los acreedores, quedando un pago pendiente por 5.000 millones (..) los funcionarios de turno se han aprovechado para cometer todo tipo de actos irregulares”, aseguró.
Por eso, David Murcia le solicitó a Petro que intercediera por su libertad para que, de esa manera, pueda colaborar plenamente en la reparación final de las personas que lo perdieron todo.
“Si bien, mi contribución al resarcimiento de los afectados por parte del gobierno ya es un hecho, ésta será mucho más fácil y efectiva una vez recupere mi libertad”, afirmó Murcia.
Manifestó que tiene una propuesta que le permitirá ayudar a las más de 200 mil personas afectadas por la liquidación de las empresas DMG. “Me siento con el deber moral de proponer alternativas que generen riqueza y reparación en aquellos que algún día depositaron su confianza en mí”, escribió.
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Insistió además, que su caso ha estado lleno de injusticias y violaciones a sus derechos fundamentales, pues nunca tuvieron en cuenta los 9 años de cárcel que cumplió en Estados Unidos, antes de que lo trajeran de vuelta a Colombia en 2019. Actualmente cumple una condena de 22 años por lavado de activos y captación ilegal de dinero.
Por último, afirmó que “la solución del conflicto en Colombia no se debe limitar a la participación de las personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley, sino que también debe involucrar la problemática económica y a sus actores”, por lo que expresó su voluntad de convertirse en gestor de paz.
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