Cronología: la investigación por detrimento patrimonial en Hidroituango, que tiene en el ojo del huracán a Gaviria, Fajardo, Ramos y Salazar

Luego de una investigación que comenzó en el año 2019, a solicitud de una veeduría, la Contraloría General de la Nación, apoyada por abogados, contadores e ingenieros, abrió un proceso de responsabilidad fiscal a las personas que tomaron decisiones que afectaron la operación de Hidroituango.

Luego de más de un año de investigación, la entidad de control imputará cargos a varios exalcaldes de Medellín, exgobernadores de Antioquia, exmiembros de la junta directiva de EPM y varias empresas, por presunto detrimento patrimonial.

Las empresas, investigados y el cargo que ocuparon en su momento, son:

• Federico Restrepo Posada, gerente de EPM y miembro de la junta directiva.
• Juan Esteban Calle Restrepo, gerente de EPM y miembro de la junta directiva.
• Alejandro Antonio Granda Zapata, miembro de la Junta Directiva y funcionario del IDEA.
• Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín.
• Fabio Alonso Salazar Jaramillo, alcalde de Medellín y miembro de la junta directiva.
• Álvaro Julián Villegas Moreno, miembro de la junta directiva.
• Sergio Betancur Palacio, miembro de la junta directiva.
• Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, miembro de la junta directiva y gerente del Idea.
• Ana Cristina Moreno Palacios, miembro de la junta directiva y secretaria de Planeación.
• Iván Mauricio Pérez Salazar, miembro de la junta directiva y gerente del Idea (delegado de Sergio Fajardo Valderrama en la junta directiva).
• Jesús Arturo Aristízabal Guevara, miembro de la junta directiva y director de Energía de EPM.
• Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango.
• John Alberto Maya Salazar, gerente de Hidroituango.
• Jorge Mario Pérez Gallón, miembro de la junta directiva y funcionario del Idea.
• Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango/ V.P Proyectos Generación Energía EPM.
• María Eugenia Ramos Villa, miembro de la junta directiva y secretaria de Planeación departamental.
• Rafael Andrés Nanclares Ospina, miembro de la junta directiva y secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia.
• Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia.
• Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia.
• Constructores E Comercio Camargo Correa S.A., constructor.
• Constructora Conconcreto S.A., constructor.
• Coninsa Ramón S.A., constructor.
• Ferrovial Agroman Chile S.S., constructor.
• Sainc Ingenieros Constructores S.A., constructor.
• Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A-INGETEC, interventor.
• Sedic S.A., interventor.
• Integral S.A.S., diseñador y asesor.
• Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S., diseñador y asesor.

Según un informe presentado al medio día de este jueves por la Contraloría, hubo una serie de fallas en el proyecto que desencadenaron una cadena de errores, desde su planeación y diseño hasta se ejecución.

Para la entidad de control, hubo 3 consecuencias graves:

• El incumplimiento del objetivo principal del proyecto: la generación de energía ya contratada y acordada para el año 2018. La CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) calculó en un lucro cesante de 1,1 billones de pesos.
• El desmesurado aumento de los costos de Hidroituango: inicialmente estaba pactado en 6 billones de pesos y terminó, “por las fallas e improvisaciones”, costando cerca de 13 billones de pesos. Hubo un daño fiscal de 2,9 billones de pesos por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019.
• La contingencia de hace 2 años: La grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto, razón por la cual tuvieron que invertir recursos en más obras.

La Contraloría también hizo un recuento de los hechos y presuntas malas decisiones que, para la entidad, afectaron considerablemente el proyecto, uno de los más importantes del país.

Años e hitos de las decisiones que afectaron el proyecto

2008: La subasta. Al cabo de los esfuerzos desplegados desde 1999 para la obtención de la licencia ambiental, Hidroituango tomó forma y logró la preventa en subasta, de 2.972.603 kilovatios hora/día, desde el 1.° de diciembre de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2038.

2008 -2009: Comenzaron los problemas. Quedaron en evidencia los problemas asociados a la débil planeación y deficiencias en la administración, dirección y control técnico y financiero. Comenzaron a advertir la falta de diligencia de los contratistas que tenían a cargo el diseño del proyecto. También modificaron el trazado y la altura de la la represa, lo que demoró su construcción.

2010 – 2011: Ajustes accidentados a los contratos. Agregaron salvedades sustanciales introducidas al contrato BOOMT con EPM-Ituango que liberaban de responsabilidad a EPM y modificaron la distribución de riesgos en prejuicios de Hidroituango. Iniciaron con la subasta por valor de $ 2287 millones para conseguir una empresa que desarrollara el proyecto. Se presentaron varias multinacionales entre ellas EPM. La subasta se suspendió y escogieron a EPM con contratación directa.

2011 – 2012: Creció la oferta y bajó la capacidad. Comenzaron con la construcción de los túneles de desviación, sin que existieran las vías de acceso necesarias, por lo que se hizo imperativo adopción de planes de contingencia, aceleración o recuperación de tiempos, los cuales incrementaron sensiblemente los costos. También, en una nueva subasta fueron adjudicados 9.540.821,91 kilowatios-día, para el periodo comprendido entre el primero de diciembre de 2021 y el 31 de noviembre de 2038.

2013 – 2015: El río Cauca y las consecuencias del mal manejo de su cauce. Las fallas acumuladas impidieron uno de los hitos fundamentales del proyecto, la desviación del río Cauca. Debido a esto, según la Contraloría, se hizo inviable que el proyecto entrara en operación en noviembre de 2018, por lo que comenzó la destrucción de su valor, detalló el organismo de control.

El contrato para la desviación del río fue cedido al mismo contratista de obras principales. También los retrasos acumulados y la no contratación de las compuertas a tiempo por parte de EPM, se modificó sustancialmente la estructura del proyecto; “cambiaron abruptamente el proyecto”.

2018: La gran contingencia. La suma de errores en la planeación y en ejecución, generaron la contingencia que en 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto. Esto contribuyó a aumentar de manera injustificada las inversiones y a destruir el valor neto del proyecto porque no entró en operación, y porque no hubo generación y comercialización de energía.

2018 – 2019: Intervención de la Contraloría. Abrió el proceso de responsabilidad fiscal.

2020: Las decisiones. La Contraloría calculó un lucro cesante por 1.1 billones de pesos y un detrimento al patrimonio público por valor de 2,9 billones de pesos. En total el daño ascendió a 4.1 billones de pesos.