Uno de estos salvavidas para recuperar empresas se lo había lanzado el Gobierno Duque a Avianca con el anuncio de hacerle un préstamo de US$370 millones./FOTO: JULIO CÉRSAR HERRERA.
La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto legislativo 811 de 2020, a través del cual se establecen medidas relacionadas con la inversión y enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco de la emergencia.
La sala plena acogió la ponencia del magistrado Fernando Reyes Cuartas, con una votación de 5 a favor y 4 en contra, argumentando que el control automático de constitucionalidad no superó los juiciosos de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica.
Este decreto se desprendía en 2 capítulos específicos: el primero estaba orientado a la adquisición y posterior enajenación de instrumentos de capital por parte de la Nación, para mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia.
En este sentido se trataba de reglas para que el Estado invirtiera en sociedades para salvar la empresa y más adelante disponer de esta inversión. No se trataba de privatizaciones, sino de medidas para enfrentar la crisis derivada del virus.
El senador Armando Benedetti precisó que, con esta decisión, el Gobierno deberá desistir de continuar con el proceso del millonario préstamo que le había aprobado a Avianca.
https://twitter.com/AABenedetti/status/1309087681796866048?ref_src=twsrc%5Etfw
El segundo capítulo contenía disposiciones para la enajenación de acciones de la Nación en sociedades listadas, con el fin obtener recursos necesarios para atender efectos relacionados con el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional.
Al respecto Pablo Bustos de la Red, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, indicó que esta decisión de la Corte le advierte al Estado que no puede tonar medidas a la ligera para aprovechar la crisis por la pandemia y para favorecer a los más privilegiados, como ocurre con el caso del anunciado empréstito de US$ 370 millones para la aerolínea Avianca, cuando todo el mundo sabe que la mayoría accionaria no es de colombianos y en tal sentido ya había fallado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Precisó que medidas como esta solo buscan favorecer a unos cuántos empresarios y no a la gran mayoría de medianos y pequeños que se han quebrado en medio de los aislamientos obligatorios tomados por la pandemia.
Concluyó que espera que el Gobierno nacional cumpla con estas decisiones de la Corte Constitucional y no busque otras formas de evadirlas.
Con información de Colprensa.
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