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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra los representantes a la Cámara Katherine Miranda Peña y León Fredy Muñoz, por utilizar la palabra “Abudinear”, para referirse a hechos de corrupción y robo, en medio del escándalo que se presentó por la pérdida de un anticipo de $70 mil millones de un contrato que pretendía llevarle internet a las zonas más apartadas del país.
Las indagaciones preliminares se desprenden de una denuncia penal que interpuso la exministra de la Tic, Karen Abudinen, por los delitos de injuria y calumnia.
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Lo anterior, pues en medio del debate de moción de censura, el pasado 12 de agosto, contra la exministra, los congresistas utilizaron la palabra “abudinear” para hacer referencia a la pérdida de mencionado anticipo del contrato entre el ministerio y la Unión Temporal Centros Poblados.
La exministra aseguró que no se puede utilizar su apellido como sinónimo de robo y citó varios trinos publicados en las cuentas personales de Miranda y Muñoz y aseguró que hubo un acoso en su contra después de que estallara el escándalo.
De acuerdo con la denuncia, los congresistas “utilizaron pruebas inexistentes para crear una situación fáctica engañosa e inducir al pleno de la Cámara de Representantes en error, para que votaran afirmativamente a la moción”.
En el mismo debate de moción de censura, señala la ahora exministra, los dos congresistas hicieron acusaciones calumniosas y falsas sobre la celebración y puesta en marcha del millonario contrato, esto con el fin de afectar su integridad profesional y su trabajo en el Ministerio.
Las investigaciones preliminares por esta denuncia se encuentran en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, quien, ya inició la etapa de pruebas para determinar una eventual apertura de investigación formal, según el documento.
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El pasado 3 de noviembre la exministra de las TIC declaró ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se adelantaba contra cuatro congresistas por presuntamente interferir en la audiencia que tenía como objeto revocar el billonario contrato firmado entre el Ministerio y la Centros Poblados.
Luego de conocerse la noticia, los dos congresistas ya respondieron.
Con información de Colprensa
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