Álvaro Uribe Vélez recuperó su libertad con toda. Ahora, el expresidente colombiano dio a conocer en las redes sociales un decreto que está creando para reformar la Justicia Especial para la Paz (JEP), que investiga y juzga a los exguerrilleros de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia.
“Pensemos además en un referendo que disminuya el Congreso y la burocracia, adopte una norma vértice para la cúpula de la justicia, garantice ingreso solidario a los más pobres y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor. Que derogue la JEP y confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también a los desmovilizados de buena fe”
Álvaro Uribe Vélez.
Los puntos
1- Referendo Popular
- Se convocaría a un Referendo Constitucional de iniciativa popular.
2- Rama Judicial, una o dos Altas Cortes; y pronta justicia
- Se establecería una o dos altas corporaciones judiciales, que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público.
- Los magistrados serían mayores de 55 años, para periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio), elegidos por cooptación con aprobación del Senado.
- Se estudiarán soluciones expeditas a demoras judiciales.

3 – Comisión Especial Legislativa
- Haría una Comisión Especial Legislativa integrada por 30 miembros, elegidos por el Senado. Los miembros de dicha comisión deberían ser ciudadanos colombianos, con el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, que.
4 – Tribunal de Aforados
- Se crearía un Tribunal de Aforados para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados.
5 – JEP. Derogatoria o reforma de fondo
- La idea es que con esta reforma se les brinde más garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

6 – Protección de líderes sociales
- El homicidio en personas consideradas líderes sociales, de acuerdo con la ley, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas.
7 – Exclusión del Congreso de responsables de delitos de lesa humanidad
- Las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular, ni podrán ser elegidos para cargos unipersonales.
8 – Decomiso de sustancias ilegales sin criminalizar consumo
- El Gobierno podrá ordenar el decomiso de sustancias ilegales, así su porte y consumo no estén sancionados penalmente.
- El consumo de sustancias ilegales no se sancionará penalmente. Las políticas de salud pública como prevención, rehabilitación y decomiso serán las únicas aplicables a los consumidores.

9 – Austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social
- Los gastos estatales en nómina, directa o indirecta, y funcionamiento, en los diferentes niveles del Estado, se congelarán en términos reales durante seis años.
10 – Disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario
Se reducirá el Congreso en un 30 por ciento. La remuneración de los congresistas se congelará durante los siguientes seis años.
11 – Avance hacia la equidad, ingreso solidario y bono pensional
- El Estado apoyará con un recurso económico a las personas de mayor vulnerabilidad. Se focalizará de tal modo que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza monetaria. La ley definirá la medición de pobreza y la gradualidad para erradicarla.

12 – Gratuidad educativa según el nivel de ingresos con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento
- El Estado garantizará la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias.
13.- Protección remunerada de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonía
- El Gobierno remunerará el cuidado de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia, la Orinoquía y el Litoral Pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno, de acuerdo con criterios técnicos.


