La Policía Nacional inhabilitó y destituyó por 11 años a la patrullera Andrea Cortés, quien en 2020 fue la primera mujer trans en el país en llegar a ese cargo, por robarse una crema de una droguería del centro comercial Titán Plaza, en el noroccidente de Bogotá.
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Este hecho fue divulgado en redes sociales y en los medios de comunicación, donde Cortés, al parecer, aprovechando la ausencia de una de las empleadas del establecimiento se llevó una crema para los ojos, que estaba cerca a la caja registradora y que tenía un valor de 90.000 pesos.
“Se identifica que la funcionaria de la Policía en un descuido de la señora toma la crema del contorno de ojos y la mete en una bolsa y se retira sin pagarla”, se indicó en la exposición del fallo.
Patrullera Andrea Cortés fue destituida e inhabilitada por caso de robo en una droguería.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 5, 2021
Según la trabajadora, la policía se llevó una crema sin pagar. La decisión fue adoptada mediante un fallo en el marco de un proceso disciplinario https://t.co/eQadjPFiNG pic.twitter.com/mhzi7WvduT
Este hecho fue catalogado como una falta gravísima, razón por la cual fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos.
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La defensa de Cortés, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la decisión, que tardó solo 3 meses en salir a la luz, pues afirmó que su defendida sí pagó el producto, pero que lo empacó en la bolsa porque la cajera no lo había hecho y afirmó que fueron transfóbicos, homofóbicos y racistas al haber violado los derechos fundamentales de la patrullera.
En declaraciones a Noticias Caracol, Ellis William Reinel, abogado de Andrea, indicó que es un montaje relacionado con una persecución de parte de la Policía “por ser la primera mujer transgénero”.
“Todo lo que Andrea ha construido hasta el momento en un estado social de derecho, de cara al derecho a la igualdad, no lo va a votar al traste por un simple producto. Vamos a utilizar todos los recursos de ley para reestablecer los derechos de mi defendida”, indicó el penalista.
Ante esta afirmación se pronunció el inspector General de la Policía Nacional, general Carlos Ernesto Rodríguez, quien dijo que en “la actuación disciplinaria se agotaron cada una de las etapas que hacen parte del debido proceso, garantizando el ejercicio del derecho de contradicción, donde además la disciplinada estuvo representada por su abogado defensor, brindándole la oportunidad de interponer los recursos de ley”.
Con información de Colprensa.